El pasado 12 de mayo Zapatero anunció en el Parlamento un drástico plan de ajuste, aplaudido por los banqueros, la patronal, la Unión Europea (UE), Obama y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir, los responsables de la crisis. Los mismos personajes que han dejado claro que el plan es insuficiente y que no es más que el principio de lo que tiene que venir, como ha sucedido en Grecia.
Las medidas, que el Gobierno se dispone a aprobar por decreto, son: 1) un ataque brutal e injustificado contra 2,8 millones de empleados públicos a los que se les recorta el 5% de sus salarios, lo que significa al mismo tiempo una invitación a la patronal para que haga lo mismo en las empresas, 2) la congelación de unas pensiones ya de por sí muy insuficientes para 6 millones de pensionistas, mientras sigue adelante el plan para alargar la jubilación a los 67 años y reducir las futuras pensiones hasta un 20% a través del aumento del período de cálculo, 3) la eliminación del régimen transitorio de la jubilación parcial, lo que obstaculiza los nuevos contratos de relevo, 4) la supresión de la retroactividad de las prestaciones de dependencia, mientras la deuda acumulada a los dependientes (la mitad de ellos mayores de 80 años) se pagará a plazos y durante cinco años, 5) la supresión del cheque-bebé, 6) nuevos recortes de 1200 millones a Ayuntamientos y Autonomías, con lo que significa de más recortes sociales e impagos de salarios en más Ayuntamientos
Estas nuevas medidas se vienen a sumar a la subida de dos puntos del IVA y a la anunciada reforma laboral cuyo objetivo es abaratar el despido y generalizar el contrato a tiempo parcial.
El Gobierno dice que las medidas son “inevitables” para salir de la crisis. Pero los únicos paganos son los millones de parados, los empleados públicos, los pensionistas, los dependientes y, en general, la población trabajadora. A los bancos y a los grandes empresarios, esas 1400 personas que controlan el 80% de la riqueza nacional y eluden escandalosamente el pago de impuestos, no se les toca un pelo. Por el contrario, siguen recibiendo ayudas millonarias del Gobierno y amasando grandes beneficios, mientras sus principales directivos cobran sueldos medios de un millón de euros y los altos ejecutivos se otorgan pensiones de hasta 80 millones. Tampoco hay crisis para los gastos militares, la Casa Real, la Iglesia Católica, los 25.000 altos cargos nombrados a dedo o los políticos profesionales.
El fin del plan de ajuste no es otro que desangrar al pueblo para que los banqueros españoles, franceses, alemanes y demás buitres financieros sigan embolsándose beneficios a cuenta de la deuda pública.
Ante esta realidad, no podemos entender la reacción de los dirigentes de CCOO y UGT. Llevan casi dos años diciendo que no había razones para una huelga general porque ésta “sólo se convocan cuando se recortan derechos”, como si los despidos masivos, el “pensionazo”, los 4,6 millones de parados, la pobreza creciente y la precariedad galopante no fueran recortes de derechos. Y ahora, que llegó el ajuste duro ¿en nombre de qué pueden justifican seguir sentados “negociando” la reforma laboral? ¿Por qué limitan la respuesta a los empleados públicos? ¿Qué razones tienen para no hacer como en Grecia y convocar una huelga general para echar atrás el plan de choque y el “pensionazo” y para cargar la crisis sobre sus responsables, sabiendo -como saben- que las actuales medidas sólo preparan otras más brutales?
POR TODAS ESTAS RAZONES, EXIGIMOS A LOS DIRIGENTES DE CCOO Y UGT QUE SE LEVANTEN YA MISMO DE LAS MESAS DEL LLAMADO “DIÁLOGO SOCIAL” Y CONVOQUEN CON CARÁCTER DE URGENCIA, JUNTO AL RESTO DE LAS FUERZAS SINDICALES DEL PAÍS, UNA HUELGA GENERAL PARA ECHAR ATRÁS EL PLAN DE AJUSTE Y EL “PENSIONAZO”.
Sección Sindical de CCOO de Magneti Marelli
Barberá del Vallès
21/05/2010
