4,5 millones de parados, jubilación a los 67 años, bajada de salarios, abaratamiento del despido…
¡Hay que pararles los pies!
Hemos pasado de la promesa del pleno empleo en las últimas elecciones, de “lo peor ya pasó” y de “los brotes verdes” a los anuncios de prolongar la edad de jubilación a los 67 años, ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, recortar en 50.000 millones de euros el gasto público y comenzar a negociar una nueva reforma laboral que, en medio de muchas imprecisiones aún, preanuncia, entre otros el abaratamiento del despido y la bajada general de salarios.
Hablan de “Diálogo” y “paz social” mientras descargan un auténtico paquete de medidas de guerra contra los trabajadores (bajas salariales, reforma de las pensiones, reforma laboral, privatización de los servicios públicos, subida del IVA...). ¿Por qué este giro? Porque con 4,5 millones de parados/as (según la EPA) y un déficit público del 11,4%, había, dice el Gobierno, que “mandar señales a los mercados financieros” y evitar así el camino de Grecia y el fantasma de la suspensión de pagos.
Son las medidas propias de un Gobierno de los banqueros y la patronal, por eso las medidas son aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, la CEOE y los Emilio Botín y compañía, que instan al Gobierno a “aplicarlas ya”.
NO A LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS
PORQUE ES UNA VERGÜENZA PARA LOS MAYORES, UN REVÉS A LOS PARADOS Y UN PORTAZO A LOS JÓVENES.
Si hay 4,5 millones de parados, si el 40% de los jóvenes está en paro y resulta una quimera encontrar empleo cumplidos los 50 años ¿Qué sentido tiene prolongar la edad de jubilación? Debería ser al revés, reducir la edad de jubilación a 60 años para dar el merecido descanso a los que llevan toda una vida trabajando, para que esos puestos los ocupen trabajadores desempleados, y para abrir paso a los/as jóvenes. La medida anunciada por el Gobierno sólo se explica porque está pensada para los “inversionistas”, para favorecer el gran negocio de las pensiones privadas a costa de empobrecer a la gran mayoría.
En medio del rechazo social a la medida, el Gobierno y la patronal alegan que ya hay cerca de 9 millones de pensionistas, que llegarán a 10,1 millones en el 2020 y de seguir así no habrá dinero para pagar las pensiones. Ese argumento sólo es creíble bajo la lógica capitalista de hacer de todo un negocio, incluidas las necesidades humanas más elementales. Fuera de esa lógica capitalista ¿por qué no va a ver dinero para las pensiones?
Hasta 1995, fecha de los Pactos de Toledo, que suscriben la totalidad de los Grupos Parlamentarios, con las llamadas cotizaciones sociales se venía financiando no sólo las Pensiones, sino también la Sanidad Pública. Este Pacto supone una importante modificación en las cuentas del Sistema Público de Pensiones, que pasa a registrar unos importantes superávit, que permitió en su momento al Gobierno del PP una sustancial rebaja de las cotizaciones que fueron directamente a incrementar los beneficios empresariales y que inició el camino de convertir las pensiones en un negocio vía los fondos privados de pensiones a los que además se les hicieron fuertes deducciones fiscales y se convirtieron así en uno de los instrumentos de la inversión especulativa que nos ha llevado a donde estamos ahora.
Para los banqueros, los militares, la Iglesia, la casa Real… ¿sí hay dinero? ¿y para las pensiones no?: la jubilación es un derecho y el Sistema Público de Pensiones tiene plena viabilidad económica, ahora y en el futuro. Esta Reforma es un ataque para favorecer al capital financiero.
NO A LA REFORMA LABORAL DEL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO Y LA BAJADA DE SALARIOS
En medio del descontento social generado por el anuncio de la reforma de las pensiones y buscando la complicidad de los llamados “agentes sociales”, el gobierno Zapatero anunció las propuestas para la nueva reforma laboral. La CEOE ha declarado que el documento “va en la buena dirección” y los dirigentes de CCOO y UGT se han mostrado satisfechos porque es “flexible y discutible”.
El Gobierno justifica las propuestas en nombre de la “creación de empleo” mientras declara una y otra vez que “no habrá pérdida de derechos” que “no se reducen las indemnizaciones por despido”. Pero una vez más faltan a la verdad para intentar esconder los verdaderos objetivos de esta reforma: la bajada general de salarios, el abaratamiento del despido y acentuar la precarización laboral.
Dicen que la reforma se hace para crear empleo, pero nadie encontrará en el texto presentado un sólo indicio de cómo se van a crear puestos de trabajo. Peor aún, el recorte del gasto público tiene como una de sus primeras consecuencias la reducción del empleo público. Hablan de crear empleo cuando van a suprimir los puestos de trabajo que van quedando vacantes en la administración pública.
Cada vez que hablan de reformar las leyes para crear empleo… ¡comienzan por los despidos! Su propuesta de incentivar el “contrato de fomento de la contratación indefinida” que rebaja la indemnización a 33 días por año, ¿qué es sino una forma de encubrir el abaratamiento de los despidos? Peor aún, el texto apunta la necesidad de reconducir el despido para hacer mayor uso de las “causas objetivas” lo que facilita los despidos y reduce la indemnización a 20 días por año trabajado.
Otra de las medidas pretende “incentivar” el contrato a tiempo parcial en dos modalidades: con fijación de horario y con flexibilidad en la organización de la jornada. Reducir la jornada de trabajo reduciendo el salario ¿qué es sino una reducción general de los salarios? En un país que no llegamos ni a mileuristas ¿quién va a vivir con salarios de 450 ó 500 euros? Y además, pretenden que la jornada quede a libre disposición del empresario para “adaptarla a las variaciones del proceso productivo”. ¡Quieren más precariedad!
Reducir la jornada es la medida clave para repartir el trabajo y combatir así el desempleo, esa es una bandera por la que venimos abogando durante años desde el sindicalismo de clase. Pero nosotros decimos: ¡sin reducción del salario!. Con nuestra propuesta se reparte el trabajo y la crisis recae en los verdaderos responsables, los capitalistas. Con la propuesta del Gobierno no se combate el paro ni se reparte el trabajo, se reducen a la mitad los salarios y se reparte la miseria.
También quieren abrir sectores como la construcción, la administración pública o la sanidad a las ETTs convirtiéndolas además en “entidades colaboradoras” de los Servicios Públicos de Empleo. El Gobierno también pretende entregar a las Mutuas patronales el control de las bajas por enfermedad, que tratan como “absentismo laboral”.
Estamos pues muy lejos de una Reforma suave. Por eso opinamos que los dirigentes de CCOO y UGT no tienen derecho alguno a negociar este nuevo atropello, máxime cuando esta reforma se da mientras se propone la subida de la edad de jubilación a los 67 años. Toxo y Méndez, por el contrario, han remarcado que quieren “separar” la negociación de la reforma laboral de la de las pensiones, como si no estuvieran estrechamente relacionadas, como si no formaran parte de un mismo paquetazo contra los trabajadores.
Gobierno y patronal hablan de paz social pero nos han declarado la guerra a los trabajadores, ésa es su receta para “salir de la crisis”. El descontento social va en aumento y los trabajadores podemos echar atrás ambas reformas y abrir un escenario de lucha por verdaderas medidas contra el paro y la crisis.
Por eso llamamos a todos los trabajadores/as, a los Comités de Empresa y las Secciones sindicales, a las organizaciones sociales y políticas de la clase obrera, a unir todas las fuerzas para hacer frente unitariamente al plan del Gobierno y la patronal y echar abajo sus reformas preparando las condiciones para una HUELGA GENERAL.
