8 DE JUNIO, 11:30 HRS
MANIFESTACIÓN DESDE EL ARCHIVO DE INDIAS
La Confederación General del Trabajo (CGT) de Sevilla, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Izquierda Anticapitalista y Corriente Roja llamamos a los trabajadores/as, a las organizaciones del sindicalismo combativo, y a las organizaciones sociales que se han venido oponiendo al Plan de ajuste al tiempo que denunciando el papel cómplice de la burocracia sindical, a formar un BLOQUE UNITARIO EN LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO a las 11:30 horas en el Archivo de Indias para participar de la manifestación convocada por CCOO y UGT.
Las medidas aprobadas por el Gobierno y ratificadas por un voto en el Parlamento, son sin duda el mayor ataque a los derechos laborales y sociales desde el fin de la dictadura franquista.
Estamos ante un ataque brutal e injustificado. Se recorta el 5% a los salarios de los empleados públicos. Se justifica esta medida afirmando que sólo afecta a los “funcionarios”, lo que además de encubrir una campaña infame contra este sector de trabajadores/as es a todas luces falso. Los descuentos afectan a 2,8 millones de trabajadores públicos, ¡por ahora!. Miles de trabajadores de empresas públicas como los de autobuses urbanos, Metro, ferroviarios, que en este primer decreto se han librado, van a ser los siguientes en muy poco tiempo, como no les paremos los pies. Esta medida significa al mismo tiempo una invitación a la patronal para que haga lo mismo en las empresas del sector privado, como ya reclaman varias asociaciones empresariales.
El Plan de ajuste aprobado congela las pensiones, ya de por sí muy insuficientes, a 6 millones de pensionistas, mientras sigue adelante su proyecto de alargar la jubilación a los 67 años, y reducir las futuras pensiones hasta un 20%, a través del aumento del período de cálculo.
Eliminan el régimen transitorio de la jubilación parcial, lo que significa poner trabas al acceso a este tipo de jubilación a los mayores de 60 años, y cerrar el paso a nuevos contratos de relevo.
De manera miserable, suprimen la retroactividad de las prestaciones de dependencia, mientras la deuda que acumulan con los dependientes (la mitad de ellos mayores de 80 años) se pagará a plazos y durante cinco años. Suprimen los 2.500 Euros del cheque-bebé y meten nuevos recortes presupues-tarios para Ayuntamientos y Comunidades Autóno-mas, lo que significa más recortes sociales (como el copago sanitario) e impagos de salarios en más Ayuntamientos. La medida anunciada de impedir a los Ayuntamientos de solicitar nuevos créditos, poster-gada al día siguiente hasta enero del 2011, evitó el colapso inmediato aunque no la quiebra económica de muchos de ellos.
Las medidas aprobadas se vienen a sumar a la subida de dos puntos del IVA a partir de Julio, y a la anunciada reforma laboral, cuyo objetivo es abaratar y facilitar los despidos, la flexibilidad de horarios y traslados y legitimar una bajada general de salarios por la vía de los contratos a tiempo parcial.
Y mientras el Gobierno aplica su plan de ajuste al dictado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE), los únicos paganos son los millones de parados, los empleados públicos, los pensionistas, los dependientes y, en general, la población trabajadora. A los bancos y a los grandes empresarios, esas 1400 personas que controlan el 80% de la riqueza nacional y eluden escandalosa-mente el pago de impuestos, no se les toca un pelo. Tampoco hay crisis para los gastos militares, la Casa Real o la Iglesia Católica.
Y todo esto es sólo el principio de un Plan que los jerarcas del FMI y la UE están supervisando, mientras insisten en que no es suficiente y que “para salir de la crisis” hay que rebajar los salarios un 25%. A los cinco días de que saliera el decretazo, el FMI ya plantea un nuevo paquete de “medidas adicionales para evitar sorpresas”.
El plan de ajuste, como en Grecia, como en Rumanía… no es otro que desangrar a los trabajadores y trabajadoras para que los banqueros españoles, franceses, alemanes y demás buitres financieros sigan embolsándose beneficios a cuenta de la deuda pública. Su salida a la crisis es el empobrecimiento general de los trabajadores/as y los sectores populares.
Ante esta realidad, resulta inadmisible la actitud de los dirigentes de CCOO y UGT. Han sido el soporte durante estos años de un Gobierno que se presenta como el dique de contención contra la derecha, cuando no es otra cosa que su “portero”, el Gobierno de los banqueros, el que (como siempre hace el PSOE cuando gobierna) realiza el trabajo sucio para que luego vengan de “salvadores”, los Aznar, Rajoy y toda esta recua patronal y franquista.
Toxo y Méndez llevan casi dos años repitiendo que no hay razones para una huelga general, porque ésta “sólo se convoca cuando se recortan derechos”, como si los despidos masivos, el pensionazo, los 4,6 millones de parados, la pobreza creciente y la precariedad galopante no fueran recortes de derechos. Ahora que llegó el Plan de ajuste convocan una huelga para el día 8 de Junio sólo en la Función Pública. Una huelga a todas luces insuficiente, corporativa y sin garantía alguna de continuidad.
Si es una agresión a todos los trabajadores ¿por qué una huelga que sólo afecta a la Administración Pública? La convocatoria de huelga ni siquiera recoge a todos los empleados públicos, ya que excluye sectores estratégicos como son los trabajadores del transporte (ferroviarios, autobuses urbanos y periféricos, Metro, aéreo), de empresas estatales, subcontratas municipales, etc.
Peor aún, siguen empeñados en “negociar” la reforma laboral. El FMI, la UE, la CEOE y el Ministro de Industria lo dicen claro: sólo aceptarán una reforma laboral de calado. La patronal quiere imponer condiciones draconianas, acabar con el trámite administrativo para los ERE, ampliar las facilidades para los despidos procedentes, más flexibilidad funcional y geográfica, generalizar los contratos a tiempo parcial, introducir las ETTs en la Administración Pública, privatizar las Oficinas de Empleo… Meter, en definitiva, un recorte sin precedentes a los derechos laborales y sociales, mientras abaratan el despido: a eso le llaman “reforma de calado”. ¿Qué esperan conseguir CC.OO. y UGT, permaneciendo en la mesa de negociación en medio de esta situación? Lo único que están haciendo es generar confusión entre los trabajadores/as, paralizar la necesaria respuesta general y seguir siendo cómplices de un nuevo varapalo a los derechos obreros.
Una vez más los dirigentes de CCOO y UGT se muestran como lo que son: primero, el principal obstáculo para que la clase obrera salga a la lucha, y después la principal traba para su continuidad.
Por eso las organizaciones y colectivos abajo firmantes, al tiempo que llamamos a los trabajadores/as a que se realicen asambleas y a que paremos el día 8 de Junio, les decimos que para poner en pie un verdadero movimiento de lucha hasta echar abajo el plan de ajuste y la reforma laboral hay que dar continuidad a la movilización, y eso obliga a marcar con absoluta rotundidad las diferencias con los burócratas de CCOO y UGT, porque éstos no son la solución sino parte esencial de los problemas que tenemos los trabajadores.
Creemos que la situación actual de emergencia exige de todos los luchadores/as agrupar fuerzas, defender con empeño y generosidad iniciativas que hagan posible ir uniéndose, para que los trabajadores tengan un referente, aunque sea modesto, pero un referente de clase, combativo y alternativo al sindicalismo del sistema. Un agrupamiento de esta naturaleza será a la vez un elemento muy importante de presión a la hoy descolocada burocracia sindical, que le obligue, como está sucediendo en Grecia, a llegar mucho más allá de sus pretensiones, porque por esa vía facilitaremos la entrada en acción de millones de trabajadores.
HAY OTRA SALIDA A LA CRISIS
Para que la crisis no la paguemos los trabajadores/as, hay que plantear verdaderas medidas contra el paro y la crisis, entre otras:
Reparto del trabajo, reduciendo la jornada a 35 horas, sin reducir el salario; y garantizando mientras tanto que no haya un solo parado/a sin prestación por desempleo hasta su recolocación.
No a la privatización de los servicios públicos (sanidad, educación, transporte…)
Por la creación de empleo público, hay que revertir en públicos los servicios ya privatizados. Hay que cubrir todas las plazas de la Administración Pública. Planes de obras públicas y sociales, con contratación directa desde los Ayuntamientos.
Adelantar la edad de jubilación a los 60 años con contrato de relevo, equiparación de las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional.
Ley de prohibición de despidos, ni un solo ERE más que destruye puestos de trabajo. Ni un desahucio más, condonación de la hipoteca a los parados/as.
Nacionalización de la Banca y los sectores estratégicos de la economía y la devolución de todos los fondos regalados por el Gobierno a la Banca privada y Cajas.
Financiación pública a bajo interés para pequeñas y medianas empresas, para potenciar la creación de empleo.
Para poder financiar todo lo anterior, aumento de la tributación a través de un nuevo impuesto a las grandes fortunas y empresas con mayores beneficios, así como a los grandes depósitos bancarios.
Fuera el FMI y la Unión Europea, por una Europa de los trabajadores y los pueblos.
