El aumento de la violencia contra las mujeres es una de las máximas expresiones del incremento de la conflictividad social y familiar que conlleva la profunda crisis económica que caracteriza la situación actual. En este escenario, la situación de los sectores tales como inmigrantes, la juventud o las mujeres, empeora, acrecentando la opresión a la que se ven sometidos: xenofobia, racismo o violencia contra las mujeres son algunos de los ejemplos de esta conflictividad.
Las estadísticas de los últimos meses en torno a mujeres que han sido asesinadas fruto de la violencia de género, pone sobre la mesa el empeoramiento a pasos agigantados de la situación de la mujer: en los seis primeros meses del año, 49 mujeres fueron asesinadas víctimas de la violencia de género (mientras que todo el año anterior fueron 63 las mujeres muertas por este motivo), habiendo sido el mes de abril el que más víctimas por violencia de género presentó en toda una década (concretamente tres veces más que el mes anterior).
Y sin embargo, esta situación a la que las mujeres se ven sometidas, es algo asumido socialmente, siendo más que notable la falta de rechazo social de manera consecuente. Por citar un ejemplo, según las últimas encuestas del CIS, la violencia contra las mujeres preocupa al 1,8% de la población, frente al 82,8% que le preocupa el paro, al 45,3% que le preocupan los problemas económicos o al 13,5% que le preocupa la inmigración. En este sentido, el rol de la familia y el papel de la iglesia tienen un peso de primer orden en el comportamiento social; la violencia contra las mujeres es presentada no como un problema social, sino como un problema de ámbito familiar, donde nadie más debe inmiscuirse.
La violencia contra las mujeres es un problema social que se apoya sobre una base material: la desigualdad social de la mujer. Si en época de “vacas gordas” nuestra vida laboral transcurría entre el paro y los puestos de trabajo más precarios, con menores salarios (¡hasta un 30% menos que los hombres!), con contratos a tiempo parcial (con 4 de cada 5 puestos ocupados por una mujer), despidos en caso de embarazo o realizando los trabajos peor valorados económicamente y socialmente, provocando esta situación la atadura aún mayor de las mujeres a la familia, y como consecuencia la dependencia económica y vulnerabilidad frente a los malos tratos, no es difícil augurar el futuro que nos depara a las mujeres dentro de este escenario de crisis.
Las últimas medidas del Gobierno de Zapatero “contra la crisis económica”: intención de alargar la jubilación hasta los 67 años, congelamiento de las pensiones, reducción del gasto público o reforma laboral para abaratar y facilitar los despidos, flexibilidad de horarios y traslados y bajada general de salarios por la vía de los contratos a tiempo parcial, ponen en evidencia el enorme empeoramiento de los derechos sociales y laborales de los trabajadores en general, y muy en particular de las mujeres trabajadoras.
Así, este gobierno que durante tanto tiempo se ha llenado la boca alardeando de “progresista” y “feminista”, muestra su verdadera cara. Desde la llegada de Zapatero al gobierno, se han aprobado una serie de leyes aparentemente encaminadas a eliminar la violencia de género, pero que son acompañadas de otras leyes que profundizan la precarización del empleo, la reducción de las pensiones, el aumento de la dependencia familiar… lo que pone en aumento la vulnerabilidad de la mujer frente a los malos tratos.
A esto tenemos que añadir que el Gobierno Zapatero sigue manteniendo intacto un aparato judicial heredado del franquismo, lleno de jueces machistas con toga. Y que ese mismo Gobierno continúa manteniéndolo fundamental de los acuerdos con la iglesia católica, es ésta la que controla en gran parte la educación, servicios asistenciales, centros de la tercera edad… y encabeza la cruzada en defensa de la familia.
¡Ya estamos cansadas de propaganda electoral y mentiras que acaban exponiendo a las mujeres a situaciones de riesgo cuando denuncian a sus parejas! Mientras con la excusa de la crisis recortan derechos sociales y laborales, a los bancos y a los grandes empresarios (esas 1.400 personas que controlan el 80% de la riqueza nacional y eluden escandalosamente el pago de impuestos), no se les toca un pelo. No hay crisis para los gastos militares, la casa real o la iglesia católica. Sin embargo para guarderías, sanidad, atención a personas mayores... no hay dinero. Y mucho menos hay presupuestos para disponer medios suficientes que eviten que las mujeres sean víctimas de la violencia machista, en una situación en la que la conflictividad social y familiar creciente aumenta las probabilidades para que la mujer sufra malos tratos y abusos. Sabemos que las leyes no acabarán con la opresión y explotación de la mujer trabajadora, pero exigimos medidas inmediatas, porque no se puede permitir que ninguna mujer más muera o sea agredida por su pareja.
Por eso pensamos que como medidas urgentes sería necesario:
1. Recursos y medios suficientes para las mujeres agredidas: casas de acogidas de gestión pública sin requisitos de entrada, que funcionen las 24 horas, sin discriminación por papeles, por opción sexual o por enfermedad. Garantizar el acceso a una vivienda lejos del agresor. Fuera jueces franquistas del aparato judicial.
2. Garantía por parte del estado de un empleo para las mujeres maltratadas y un subsidio de desempleo mientras se les proporciona. Ninguna subvención a los empresarios para que les salga más barato contratar a mujeres maltratadas.
3. No a la precariedad laboral que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante los malos tratos machistas. No a la reforma laboral, ni al pensionazo, ni al recorte del gasto público. Guarderías públicas. No a la ley de dependencia que nos responsabiliza del cuidado de niños, ancianos y enfermos sin implicar a los hombres y a las instituciones.
4. Espacios gratuitos en los medios de comunicación para la difusión de una cultura contra la violencia de género a cargo de las asociaciones de mujeres que luchan por la verdadera igualdad; educación sexual y de género en la enseñanza obligatoria; combate de los estereotipos de las mujeres, promovidos por los medios de comunicación y la iglesia católica; fuera la religión de las aulas.
5. Autodefensa ante la agresión machista. Por la creación de redes de solidaridad entre vecinas y vecinos para parar la agresión, que intervengan rápidamente y exijan la aplicación de medidas que la ley prevé y el gobierno no cumple. Ni una sola mujer debe quedar sola con su agresor.
